Por Aldo Bianchi
En los últimos años, la presidencia de Nicolás Maduro estuvo marcada por una profunda crisis política, económica y social que comenzó tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, cuando Maduro asumió formalmente el poder. Su gestión enfrentó acusaciones constantes de autoritarismo, manipulación electoral y debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que provocó protestas masivas y denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, que muchos países no reconocieron como legítimas.
Las tensiones internas se intensificaron con la represión de manifestaciones, crisis humanitaria y acusaciones internacionales de violaciones de derechos humanos, mientras la oposición exigía transparencia electoral y renuncia del mandatario.
A comienzos de enero, una operación militar dirigida por fuerzas de Estados Unidos en Caracas culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y conspiración relacionados con el tráfico de drogas.
Los hechos son conocidos: hubo un apagón, las fuerzas armadas no se movieron y el presidente de Venezuela fue extraído del país y llevado a Nueva York con escala previa en Guantánamo. Los treinta y dos soldados cubanos muertos que conformaban la guardia de seguridad personal de Maduro, son la clave para comprender que no confiaba en el ejército y que éste fue actor pasivo de la operación norteamericana.
Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control operativo de Venezuela y de sus reservas petroleras, dijo que el país sería “administrado” y que las grandes compañías petroleras estadounidenses entrarían a reparar y sacar provecho del petróleo venezolano. En ese contexto el gobierno señaló que Venezuela había “robado” petróleo y otros activos que ahora serían recuperados por Estados Unidos.
Antecedentes
La relación entre Estados Unidos y Venezuela estuvo marcada por una combinación de interdependencia histórica y creciente confrontación política. Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, el petróleo venezolano fue un insumo relevante para el mercado estadounidense, especialmente para refinerías adaptadas a crudos pesados en el Golfo de México, lo que incentivó inversiones, transferencia tecnológica y altos niveles de producción. Sin embargo, a partir de 2010, la confiscación de Citgo Petroleum Corporation —filial refinadora de PDVSA en Estados Unidos— por parte del gobierno norteamericano, resultó uno de los episodios más determinante en la caída de la producción venezolana.
En este marco, la confiscación de las refinerías de Citgo en Texas, Luisiana e Illinois, junto con su red logística con más de 11.000 estaciones de servicio, reflejaron la pérdida del principal mercado para el crudo venezolano. La producción cayó de 3,5 MMbb/d a menos de 800.000. En paralelo, el auge del shale oil en Estados Unidos redujo la dependencia del petróleo importado, reconfigurando el vínculo energético bilateral y encuadrando la cuestión petrolera venezolana en un problema más geopolítico que económico para la potencia norteamericana.
Repliegue táctico
Aunque China sigue con atención el destino del petróleo venezolano, el peso real de Venezuela en el mercado global está lejos de ser decisivo: su producción actual, apenas superior a la de Argentina —en torno a los 800.000 BB/d—, representa solo una fracción marginal de las importaciones chinas (en 2025, superaron los 12 MMbb/d) y una porción todavía menor del suministro mundial, muy distante de la centralidad que el país tuvo en los años setenta. Pekín por su parte aprendió a amortiguar este tipo de sobresaltos mediante diversos mecanismos, como descuentos asociados a sanciones y la ampliación de sus reservas estratégicas, nuevos proveedores como Irán y consolidación de la relación con la Federación Rusia, lo que atenúa el impacto inmediato de cualquier giro político en Caracas.
De este modo, el verdadero alcance del episodio se desplaza del plano económico al geopolítico. Venezuela había encarnado, durante dos décadas, un símbolo de la proyección china en América Latina: un desafío silencioso a la influencia estadounidense en el hemisferio.
La retórica de Trump sobre el petróleo venezolano ha reforzado percepciones regionales e internacionales de que la intervención va más allá de la lucha contra el narcotráfico o la restauración del “orden”, orientándose hacia una reconfiguración del control de recursos energéticos críticos, incluso al punto de sugerir que compañías estadounidenses tendrían un papel dominante en la explotación y venta de crudo.
La principal lectura es geopolítica. Venezuela había sido el socio más alineado con China en América Latina, lo que generaba fricciones en Washington. Un eventual gobierno cercano a Estados Unidos implicaría un retroceso adicional de la influencia china en un país con enormes reservas. A esto se suma la incertidumbre sobre los préstamos chinos respaldados por petróleo —más de 60.000 millones de dólares desde 2015, según Bloomberg— y los pagos aún pendientes.
La prensa china, como Global Times, minimiza el impacto inmediato, aunque advierte que la influencia estadounidense sobre las mayores reservas del mundo podría facilitar la manipulación de precios. Sin embargo, expertos coinciden en que China probablemente limitará su respuesta a condenas diplomáticas: Venezuela no es un interés prioritario y un enfrentamiento mayor con Estados Unidos tendría más costos que beneficios para Pekín.
Petrodólares
Vale la pena recordar un poco la historia reciente, donde la relación entre Estados Unidos y los países productores que acordaron vender su producción en dólares, constituyó uno de los pilares silenciosos del orden económico internacional de la posguerra fría. A partir de los acuerdos alcanzados en la década de 1970 con productores clave —en especial Arabia Saudita y luego con el conjunto de la OPEP—, Washington logró consolidar al dólar como moneda única del comercio energético global, garantizando una demanda estructural y permanente de su divisa.
Este sistema del “petrodólar” no solo facilitó la financiación del déficit estadounidense y la proyección de su poder financiero, sino que también vinculó la estabilidad de muchos regímenes petroleros a la arquitectura de seguridad diseñada por Estados Unidos, reforzando una interdependencia estratégica que hoy comienza a ser cuestionada por la emergencia de nuevos polos de poder económico cuyo basamento son otros medios alternativos de pago.
Todo cambia
No obstante, progresivamente el sistema petrodólar comenzó a degradarse y la diversificación de mecanismos de pago en el comercio energético no solo erosionaron las bases financieras del poder de Estados Unidos, sino que también alteraron las condiciones materiales que sostuvieron su proyección global durante décadas.
El dato relevante es que desde fines del siglo XX, la gigantesca emigración de empresas norteamericanas hacia China respondió a una combinación de factores económicos y estratégicos: costos laborales significativamente más bajos, una fuerza de trabajo abundante, infraestructura industrial en rápida expansión y un Estado dispuesto a ofrecer incentivos fiscales y regulatorios para atraer inversión extranjera.
Grandes corporaciones trasladaron plantas y cadenas de suministro en busca de mayor competitividad, integrándose a un ecosistema productivo que convirtió a China en la “fábrica del mundo”.
Con el tiempo, este proceso no solo transformó la estructura industrial china, sino que también generó tensiones en Estados Unidos por la pérdida de empleos manufactureros y la dependencia de insumos críticos.
A medida que actores emergentes del sudeste asiático —en particular China— fueron promoviendo circuitos económicos alternativos que redujeron la centralidad del dólar, Washington comprendió que mantener un orden internacional basado en sus reglas resulta cada vez más costoso y menos eficaz. En ese contexto, la reconfiguaración de la estrategia pasa por definir prioridades espaciales y políticas, desplazando el eje actual, para consolidar los ámbitos donde aún conserva ventajas decisivas, mediante un repliegue estratégico y una rearticulación del poder en su hemisferio.
Este giro no implica un aislacionismo clásico, sino un reordenamiento de las prioridades: asegurar el control político, económico y tecnológico del espacio americano antes de proyectar poder a escala global.
Ordenar el “patio trasero” supone, en términos concretos, cerrar o al menos limitar las puertas de entrada a China en aquellos países de América Latina considerados aliados forzosos por razones geográficas, históricas o de seguridad. Así como el Mediterráneo fue para Roma un mar interior cuya dominación garantizaba seguridad, comercio y cohesión imperial, el Caribe ha funcionado para Estados Unidos como un espacio marítimo vital, concebido no como una frontera externa sino como un entorno estratégico inmediato.
El control de los recursos del caribe y del canal de Panamá, ha sido clave para proteger el territorio continental, asegurar rutas comerciales y evitar la presencia de potencias rivales en su periferia cercana. Estados Unidos ha construido en el Caribe una hegemonía naval, política y económica más indirecta, compatible con un sistema internacional de Estados formalmente soberanos. Aun así, en ambos casos se trata del mar que sostiene y ordena el poder de una potencia dominante.
Ese control se traduce en presiones diplomáticas, condicionamientos financieros, incentivos selectivos y un renovado énfasis en instrumentos como el nearshoring, la cooperación en seguridad y el control de infraestructuras críticas. El objetivo no es solo frenar la influencia china, sino evitar que se consoliden dependencias estructurales —en energía, telecomunicaciones, puertos o recursos estratégicos— que reduzcan la autonomía de decisión estadounidense en su propio entorno regional. En una dimensión más ambiciosa y polémica, esta lógica hemisférica se proyecta también hacia los espacios polares.
En ese contexto geopolítico, la Doctrina Monroe ha dejado de ser un principio defensivo contra la intervención europea para convertirse en un marco flexible de afirmación de poder hemisférico por parte de Estados Unidos. Aunque formulada en el siglo XIX bajo la consigna de “América para los americanos”, hoy se expresa menos como declaración formal y más como práctica estratégica: control de flujos energéticos, influencia sobre infraestructuras críticas, seguridad de rutas marítimas y contención de actores extrahemisféricos como China y Rusia en América Latina. Washington busca reducir autonomías “disruptivas” y asegurar alineamientos funcionales sin necesidad de ocupación directa, combinando presión diplomática, instrumentos económicos y presencia militar selectiva. En este sentido, la Doctrina Monroe ya no opera como dogma explícito, sino como lógica subyacente de ordenamiento regional en un sistema internacional multipolar y fragmentado.
Aportes doctrinarios
La Argentina hizo también su aporte a las relaciones internacionales del hemisferio. La doctrina Calvo surge en el siglo XIX a partir del pensamiento del jurista argentino Carlos Calvo y se inscribe en la defensa de la soberanía de los Estados frente a las potencias extranjeras. Su núcleo es la afirmación de que los extranjeros que invierten o residen en un país deben someterse a las leyes y tribunales locales en igualdad de condiciones con los nacionales, sin recurrir a la protección diplomática de su Estado de origen. De este modo, la doctrina rechaza la internacionalización automática de los conflictos entre particulares y el Estado receptor, y busca evitar que las disputas civiles o comerciales se transformen en presiones políticas o intervenciones externas.
Por su parte la doctrina Drago, formulada a comienzos del siglo XX por el canciller argentino Luis María Drago, complementa y profundiza esa lógica soberanista en el plano financiero internacional. Se pronunció en 1902, en un contexto preciso y altamente conflictivo: el bloqueo naval impuesto por Alemania, el Reino Unido e Italia a Venezuela para forzar el pago de su deuda externa. Frente a ese hecho, el canciller argentino Luis María Drago formuló su posición en una nota diplomática dirigida al gobierno de Estados Unidos, sosteniendo que el cobro compulsivo de deudas públicas mediante la fuerza armada era incompatible con la soberanía de los Estados. La doctrina se hizo pública y adquirió proyección internacional en el debate hemisférico de comienzos del siglo XX, especialmente en el marco de las conferencias panamericanas, y expresó la preocupación latinoamericana ante la posibilidad de que las obligaciones financieras se convirtieran en un nuevo pretexto para la intervención armada extranjera.
Preocupación vikinga
La eventual incorporación de Groenlandia a la órbita estadounidense se inscribe en la competencia por el Ártico, sus rutas marítimas y sus recursos, mientras que la idea de avanzar luego sobre la Antártida remite a un horizonte de más largo plazo. Más que planes inmediatos, estas hipótesis reflejan una misma racionalidad estratégica: asegurar los extremos geográficos del sistema internacional para preservar la primacía en un mundo crecientemente disputado.
El repliegue estratégico de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental puede interpretarse como una adaptación a un sistema internacional más competitivo y fragmentado. Frente al ascenso de potencias euroasiáticas y a la erosión del orden liberal global, Washington tendería a priorizar la seguridad de su entorno inmediato: América del Norte, el Caribe y América del Sur. Esta lógica no supone un aislacionismo clásico, sino una reasignación de recursos, donde el control de espacios marítimos, rutas energéticas y nodos logísticos cercanos se vuelve central para sostener la primacía estratégica con menores costos políticos y militares.
En ese marco, la posibilidad de incorporar Groenlandia a Estados Unidos aparece como una extensión de preocupaciones geopolíticas y geoestratégicas ya existentes. La isla ocupa una posición clave en el Ártico, región cada vez más relevante por el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas y la competencia por recursos minerales y energéticos. Por su enorme proyección sobre el polo norte. Tras las renovadas declaraciones de Trump sobre Groenlandia, los dinamarqueses se acordaron de Kissinger cuando dijo: “Ser enemigo de EE.UU. es peligroso, ser amigo, es fatal”.
Un eventual control directo permitiría reforzar el sistema de alerta temprana, asegurar profundidad estratégica frente a Rusia y China, y consolidar la proyección estadounidense sobre el Atlántico Norte y el Ártico, integrando ese espacio al perímetro defensivo continental.
La hipótesis que sobreviene de inmediato es la de una posterior anexión de la Antártida. El continente antártico está regido por el Tratado Antártico que suspende las reclamaciones soberanas y prioriza el uso pacífico y científico, lo que convierte cualquier intento de anexión en un desafío frontal a uno de los consensos más estables del sistema internacional. No obstante, como ejercicio teórico, esta idea refleja una tendencia más amplia: si la competencia entre grandes potencias se intensifica y los acuerdos multilaterales se debilitan, incluso espacios hoy “desmilitarizados” podrían revalorizarse como reservas estratégicas de recursos y proyección geopolítica de largo plazo.
