Un ejército de Influencers, viene promoviendo el traslado de capitales a Paraguay, presentándolo como un refugio, con menor costo de vida e impuestos bajos. Asimismo, tras el triunfo de Lula, se dispararon en Brasil las búsquedas en internet, para informarse sobre cómo mudarse a Paraguay.
Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, Paraguay recibió 50.000 solicitudes de residencia en 2026, de las cuales más del 70% fueron presentadas por brasileños. Entre los migrantes destacan jubilados, estudiantes universitarios, profesionales de tecnología y pequeños empresarios. La principal atracción para estos migrantes, radica en sus bajos impuestos, menor costo de vida, seguridad y un clima político y económico favorable para la inversión.
El aumento exponencial de la demanda, motivó la implementación de jornadas especiales del programa institucional MigraMóvil, en ciudades fronterizas clave como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, para agilizar la documentación de los interesados. Las autoridades migratorias, prevén que la cifra final de solicitudes de radicación continúe en alza hacia el cierre del año fiscal, impulsada habitualmente por la alta afluencia histórica de los meses de noviembre y diciembre.
Ventajas y desventajas del sistema
El sistema tributario de Paraguay, es presentado como uno de los más simples y competitivos de la región. Paraguay aplica una tasa general fija conocida como el triple 10: 10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% de Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), 10% de Impuesto a la Renta Personal (IRP). Para un empresario, comerciante o profesional independiente que trabaja de forma remota, este cambio representa un ahorro económico en su facturación anual. Quienes perciben ingresos en reales brasileños, dólares o euros encuentran que el costo de vida —alquileres, servicios, alimentación y combustible— es entre un 50% y 70% más bajo que muchas metrópolis.
A diferencia de otros países, Paraguay ofrece facilidades para obtener la residencia legal y abrir negocios con barreras de entrada muy bajas, lo que agiliza el movimiento familiar y corporativo.
Sin embargo, diversos analistas y sociólogos, como también centros de estudio paraguayos, advierten que este modelo genera un severo desbalance estructural, donde los costos sociales, terminan siendo asumidos por la población de menores ingresos, como también el propio Estado.
Quienes migran buscando este refugio fiscal, disfrutan de la infraestructura del país, pero la baja tasa impositiva se traduce en una contribución mínima al sostenimiento y mejora de los servicios públicos. Diversos economistas han señalado la desigualdad y carácter regresivo del sistema tributario del sistema de Paraguay; el grueso de la recaudación fiscal no proviene de la riqueza o las ganancias personales, sino de los impuestos al consumo. Así se genera una brecha social estancada. Al no existir un impuesto a la renta que sea verdaderamente progresivo, ni impuestos significativos a las grandes extensiones de tierra o herencias, el sistema impositivo paraguayo perpetúa e incrementa la brecha entre los sectores más vulnerables y los más acaudalados.
También se han denunciado fenómenos de especulación inmobiliaria, en ciudades fronterizas como Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, y de forma creciente en zonas residenciales de Asunción. El aumento del costo de los alquileres y del suelo, generó un desplazamiento local. Asimismo, las familias paraguayas de clase media y baja, encontraron sus tiempos encarecidos, con altos costos de transporte diarios.
Además, en Paraguay existe una alta tasa de informalidad que ronda el 60%. La debilidad en las inspecciones estatales y la promoción de un entorno de desregulación, facilitan que muchas empresas o comercios operen al margen de la seguridad social. También al existir leyes laborales flexibles y un débil poder de negociación sindical, la creación de empleo por parte del nuevo capital, fomenta en puestos de baja cualificación y alta rotación. Si bien la flexibilización laboral, se promueve como un incentivo para la inversión, provoca en la práctica en una desprotección del trabajador local.
En Paraguay, los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística señalan que el 49,5% de los ingresos del país se concentra en un 20% de la población, con promedios de 3,5 a 8,1 millones de guaraníes mensuales por persona. Por otro lado, casi siete de cada diez paraguayos viven con menos que el promedio nacional de 2,34 millones de guaraníes. En síntesis, cerca del 70% de la población vive con menos que el promedio nacional.
Asimismo, en el mercado laboral el cuadro se repite. Según el Instituto Nacional de Estadística en el tercer trimestre de 2025 el 62,4% de los ocupados ganaba menos que el salario mínimo vigente entonces (2,9 millones de guaraníes), y apenas el 0,9% superaba los 15 millones de guaraníes mensuales. Desde julio de 2026, el mínimo es de 3.044.000.
Quiebra bancaria
Es en este contexto tan desfavorable para el grueso de la población, una serie de fuertes impactos financieros, derivaron en la renuncia del presidente Santiago Peña, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la disolución del Ueno Bank, desatando una grave crisis política. Con el 60% de la población adulta del país con cuenta en el Banco, el impacto sobre el sistema financiero dejó a millones de ahorristas y jubilados sin acceso a su dinero.
El origen de Ueno Bank se remonta a la compra de Financiera El Comercio por parte del Grupo Vázquez en 2021, propietario de la financiera Credicentro. La marca comenzó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, inició sus operaciones como banco en diciembre de 2023.
La expansión se centró en ofrecer servicios bancarios fintech (finance y technology). Se trata de servicios financieros que utilizan tecnologías digitales. El Banco aprovechó la cartera de las dos entidades preexistentes y le añadió cuentas simples y de bajo costo, operadas desde el celular. De esa forma, acumulo 2,9 millones de clientes, el 60% de la población adulta del país. Convirtiéndose en el quinto banco de Paraguay, en cantidad de depósitos, y el primero con relación a la cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema bancario paraguayo, que en total posee 16 bancos.
En junio de 2024 absorbió a Visión Banco. Esa integración incorporó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y permitió que Ueno dejara de ser una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo para ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. La captación digital, los reintegros comerciales y las transferencias inmediatas formaron parte de su estrategia para ampliar la base de usuarios.
Su dimensión también se ligó al sector público. Ueno administraba unos 850 millones de dólares de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de PrevisiónSocial, responsable de jubilaciones y prestaciones de salud. La concentración de esos fondos elevó el alcance de la intervención más allá de sus clientes particulares.
En marzo dio otra señal inusual para las finanzas de Paraguay. Emitió bonos de 350 millones de dólares, con vencimiento en 2031; una operación que la convirtió en el único banco paraguayo con títulos negociados en mercados internacionales. La tasa que le pidió el mercado, menor del 7%, no hacía prever ninguna dificultad.
A la vez, Ueno alcanzó gran popularidad en su país, a partir de una política de publicidad vinculada al deporte. Se transformó en sponsor central para la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Comité Olímpico del país. También, los estadios de los dos clubes de fútbol más populares del país, Olimpia y Cerro Porteño, publicitaban el banco.
El inicio de la investigación
El Banco Central del Paraguay ejecutó un sumario que desató la crisis. La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según señaló el Banco Central, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad. Por el rol del banco, existía un riesgo de que las dificultades se extiendan al resto del sistema.
El Banco Central dispuso el congelamiento de los activos y pasivos de Ueno Bank, cómo también el envío de funcionarios para asumir el control de la entidad. Se inició así un procedimiento de resolución luego de que el índice de solvencia de la entidad quedara por debajo de la mitad del mínimo exigido. El directorio del Banco Central dispuso el cierre de las operaciones, suspendió la aplicación para móviles, las tarjetas y el resto de los servicios, y puso los activos y pasivos bajo administración del regulador.
Mientras la justicia comenzaba a detener a los directivos de Ueno Bank, se impidió el acceso a sus cuentas. Sus casi 3 millones de clientes no pudieron usar su dinero, como también gran parte de los fondos del sector público quedaron en la misma situación.
Los Certificados de Depósito de Ahorro, colocaciones de fondos a plazo fijo, dejaron de pagarse. Entre los principales damnificados quedaron el Instituto de Previsión Social, el ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol y muchas sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.
Cabe resaltar que el presidente Santiago Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Y el titular del Bacon Central, Carlos Carvallo, fue su presidente hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el banco; Carvallo pasó de presidir el banco a conducir el organismo supervisor.
Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia a Carvallo. Con la crisis ya desatada, en las últimas horas designó al exministro de Industria Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, al que ya había dirigido entre 2001 y 2002. También designó a dos nuevos directores.
No demoraron en aparecer disturbios en las calles, protagonizados ahorristas que pedían por su dinero. El gobierno avanzó con algunas medidas para devolver el dinero. Cabe resaltar la condición humilde de millones de personas que se quedaron sin su dinero cotidiano de un día para otro.
Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera imputaron a ocho directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas vinculadas a empresas bajo investigación, en el marco del proceso abierto tras la resolución de la entidad financiera.
Los imputados enfrentan cargos por conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.
Ueno Bank habría transferido en junio de 2026 una cartera de créditos por 74,4 millones de dólares a una empresa vinculada, Vinanzas SA, luego de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos otorgados a esas compañías. La operación incluía acreencias sobre Grupo Hendy, Grupo M y MOWI, entre otras firmas relacionadas con el grupo.
